Junio 22/11 Análisis de la Revista Semana Según el Ministerio de Educación, de las 32 universidades públicas y 48 privadas que existen en el país sólo 19 cumplirían con los cinco requisitos que hacen parte de la propuesta de reforma a la Ley 30 de educación superior, uno de los proyectos más importantes que estudiará el Congreso de la República en la próxima legislatura.
Si el proyecto se aprobara hoy, el país tendría 61 universidades menos (porque se convertirían en instituciones de educación superior) que tendrían ocho años de plazo -y no cinco como lo planteaba el proyecto inicial- para demostrar que cumplen los requisitos para obtener este rótulo. Si bien la norma se ha transformado con respecto al proyecto inicial, no ha tenido cambios radicales.
Ampliar este plazo ha sido uno de los cambios que ha tenido el proyecto de ley producto de los aportes que se recibieron en los espacios abiertos para su debate desde hace tres meses cuando el presidente Juan Manuel Santos lo oficializó. En este tiempo se realizaron 17 foros de discusión en las regiones, se habilitaron espacios virtuales que han recibido 140.000 visitas, 1.000 inscripciones y más de 300 propuestas concretas.
Si bien la norma se ha transformado con respecto al proyecto inicial, no ha tenido cambios radicales. De hecho, los puntos más polémicos de la propuesta, como la inyección e inversión de más capital privado al sector, la creación de instituciones con ánimo de lucro y de un sistema de inspección y vigilancia más robusto y con dientes se mantienen.
Esta semana los rectores de universidades adscritas a la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) le entregarán a la ministra de Educación, María Fernanda Campo, el documento con sus aportes y su visión sobre lo que debería ser la reforma a la educación superior.
Algunos cambios al proyecto de ley
- Límites a instituciones de educación superior con ánimo de lucro
La creación de instituciones de educación superior con ánimo de lucro genera inquietudes en el sector público y privado. El Gobierno no cede en esta propuesta, aunque producto de los debates, se fijan nuevas condiciones para evitar que esta figura, inspirada en la experiencia de Brasil para aumentar cobertura, no se salga de control.
En el proyecto, las instituciones con ánimo de lucro no tendrán permiso indefinido para funcionar y, por el contrario, deberán renovar su autorización cada cinco años, permiso que estará condicionado al cumplimiento de estándares de calidad que exigirá el ministerio. Esta exigencia también fue incluida para las nuevas instituciones aunque no tengan ánimo de lucro.
Y por tratarse de entidades privadas, también serán vigiladas por la Superintendencia Financiera. En este sentido, para evitar posiciones dominantes, cada nueva institución no podrá tener más del 10 por ciento de matrícula nacional, deberá convertirse en una garante de los créditos educativos que adquieran sus estudiantes (para evitar la deserción) y contar con los recursos suficientes para garantizarle el estudio a la primera cohorte y evitar los cierres de la institución en poco tiempo.
Parte de la renta gravable de las entidades con ánimo de lucro, según las propuestas acogidas, serán destinadas a un fondo de garantías para otorgar créditos educativos y fortalecer las instituciones públicas.
- Inspección y vigilancia “menos policiva”
Los rectores consideran que el sistema de inspección y vigilancia que propone el Gobierno es “policivo” y lesiona su autonomía universitaria. Basado en las funciones que tiene una superintendencia, el ministerio buscaba la posibilidad de tomar posesión de las instituciones en caso de ser necesario (como ocurre con las EPS, un ejemplo de ellos es el caso Saludcoop) e imponer medidas cautelares antes de que se cometieran irregularidades en la institución.
“Las propuestas no gustaron y fueron retiradas del proyecto. Sin embargo, el capítulo de inspección y vigilancia sigue y se fortalece, porque lo que tenemos en la Ley 30 no nos da las herramientas ni los dientes suficientes para tomar las medidas y las precauciones que consideramos deben tomarse”, explica el viceministro de Educación Superior, Javier Botero.
De aprobarse tal como se propone, el ministerio contaría con las normas para tomar medidas correctivas de las irregularidades en cualquier momento del proceso de la investigación contra una institución. Hoy solo es posible hacerse cuando ésta llega a su fin. Esta inspección también se hará sobre el manejo de los recursos, de manera más rigurosa.
- Oferta de doctorados: sólo para las acreditadas
La nueva ley deja solo dos tipos de instituciones (en la actualidad son cuatro): las universidades y las instituciones de educación superior (en total 286). El sector académico y rectores, en especial de las universidades públicas, no ven con buenos ojos que se permita que cualquier institución ofrezca programas de doctorado.
Entre los cambios, que igual seguirán siendo tema de debate, se acordó que éstos solo sean ofrecidos por universidades y por instituciones de educación superior que tengan la acreditación institucional, un proceso exigente y que es de carácter voluntario.
- Se reviven los consejos académicos
Entre las modificaciones, se reviven los consejos académicos de las instituciones que fueron eliminados en la propuesta original del Gobierno. Con la discusión en las regiones, esta figura se incluyó en el articulado y sin duda, será otro tema de debate en el Congreso.
Si el proyecto se aprobara hoy, el país tendría 61 universidades menos (porque se convertirían en instituciones de educación superior) que tendrían ocho años de plazo -y no cinco como lo planteaba el proyecto inicial- para demostrar que cumplen los requisitos para obtener este rótulo. Si bien la norma se ha transformado con respecto al proyecto inicial, no ha tenido cambios radicales.
Ampliar este plazo ha sido uno de los cambios que ha tenido el proyecto de ley producto de los aportes que se recibieron en los espacios abiertos para su debate desde hace tres meses cuando el presidente Juan Manuel Santos lo oficializó. En este tiempo se realizaron 17 foros de discusión en las regiones, se habilitaron espacios virtuales que han recibido 140.000 visitas, 1.000 inscripciones y más de 300 propuestas concretas.
Si bien la norma se ha transformado con respecto al proyecto inicial, no ha tenido cambios radicales. De hecho, los puntos más polémicos de la propuesta, como la inyección e inversión de más capital privado al sector, la creación de instituciones con ánimo de lucro y de un sistema de inspección y vigilancia más robusto y con dientes se mantienen.
Esta semana los rectores de universidades adscritas a la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) le entregarán a la ministra de Educación, María Fernanda Campo, el documento con sus aportes y su visión sobre lo que debería ser la reforma a la educación superior.
Algunos cambios al proyecto de ley
- Límites a instituciones de educación superior con ánimo de lucro
La creación de instituciones de educación superior con ánimo de lucro genera inquietudes en el sector público y privado. El Gobierno no cede en esta propuesta, aunque producto de los debates, se fijan nuevas condiciones para evitar que esta figura, inspirada en la experiencia de Brasil para aumentar cobertura, no se salga de control.
En el proyecto, las instituciones con ánimo de lucro no tendrán permiso indefinido para funcionar y, por el contrario, deberán renovar su autorización cada cinco años, permiso que estará condicionado al cumplimiento de estándares de calidad que exigirá el ministerio. Esta exigencia también fue incluida para las nuevas instituciones aunque no tengan ánimo de lucro.
Y por tratarse de entidades privadas, también serán vigiladas por la Superintendencia Financiera. En este sentido, para evitar posiciones dominantes, cada nueva institución no podrá tener más del 10 por ciento de matrícula nacional, deberá convertirse en una garante de los créditos educativos que adquieran sus estudiantes (para evitar la deserción) y contar con los recursos suficientes para garantizarle el estudio a la primera cohorte y evitar los cierres de la institución en poco tiempo.
Parte de la renta gravable de las entidades con ánimo de lucro, según las propuestas acogidas, serán destinadas a un fondo de garantías para otorgar créditos educativos y fortalecer las instituciones públicas.
- Inspección y vigilancia “menos policiva”
Los rectores consideran que el sistema de inspección y vigilancia que propone el Gobierno es “policivo” y lesiona su autonomía universitaria. Basado en las funciones que tiene una superintendencia, el ministerio buscaba la posibilidad de tomar posesión de las instituciones en caso de ser necesario (como ocurre con las EPS, un ejemplo de ellos es el caso Saludcoop) e imponer medidas cautelares antes de que se cometieran irregularidades en la institución.
“Las propuestas no gustaron y fueron retiradas del proyecto. Sin embargo, el capítulo de inspección y vigilancia sigue y se fortalece, porque lo que tenemos en la Ley 30 no nos da las herramientas ni los dientes suficientes para tomar las medidas y las precauciones que consideramos deben tomarse”, explica el viceministro de Educación Superior, Javier Botero.
De aprobarse tal como se propone, el ministerio contaría con las normas para tomar medidas correctivas de las irregularidades en cualquier momento del proceso de la investigación contra una institución. Hoy solo es posible hacerse cuando ésta llega a su fin. Esta inspección también se hará sobre el manejo de los recursos, de manera más rigurosa.
- Oferta de doctorados: sólo para las acreditadas
La nueva ley deja solo dos tipos de instituciones (en la actualidad son cuatro): las universidades y las instituciones de educación superior (en total 286). El sector académico y rectores, en especial de las universidades públicas, no ven con buenos ojos que se permita que cualquier institución ofrezca programas de doctorado.
Entre los cambios, que igual seguirán siendo tema de debate, se acordó que éstos solo sean ofrecidos por universidades y por instituciones de educación superior que tengan la acreditación institucional, un proceso exigente y que es de carácter voluntario.
- Se reviven los consejos académicos
Entre las modificaciones, se reviven los consejos académicos de las instituciones que fueron eliminados en la propuesta original del Gobierno. Con la discusión en las regiones, esta figura se incluyó en el articulado y sin duda, será otro tema de debate en el Congreso.
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